Tomado de LA PATRIA. 21 de febrero de 2010. Manizales (Caldas)
Por: Camilo Vallejo Giraldo
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es la oportunidad que brindó la Constitución para la construcción autónoma del territorio del municipio. No obstante, el gobierno nacional determinó, a través del actual Plan Nacional de Desarrollo (PND), que cuando un proyecto tiene un “interés nacional” puede desconocerse parte de lo establecido por este instrumento municipal.
De esta forma, mediante decretos y resoluciones de la Nación, puede pasar modificarse el modo en el que el municipio ha decidido habitar su territorio. Es esto lo que se ha llamado “Macroproyecto de Interés Nacional”, y es bajo esta denominación que se emprendió, en desconocimiento de la norma local, la renovación de la comuna San José en Manizales.
El “macroproyecto” de Manizales es más traumático que otros que se han comenzado en el país. En primer lugar, ha sido la autoridad municipal la que sin incomodidad alguna ha promovido la intromisión del gobierno en la modificación del territorio; ha sido la propia administración de la ciudad la que justificó una actuación reprochable, pues además de romper con la autonomía del municipio, su sustento jurídico (el artículo 79 del PND) se encuentra hoy demandado por inconstitucional.
La renovación de San José, en la medida en que es un “macroproyecto”, es un negocio mucho más favorable para las personas que gobiernan la ciudad, pues la renovación, al efectuarse sin las cargas del POT y bajo el manto del poder nacional, puede desarrollarse de manera más expedita y más protegida de la opinión pública.
La segunda de las razones que hace que esta renovación sea más traumática, es que la intervención territorial se va a dar sobre un espacio altamente habitado por una población en crisis, sin acceso a derechos y con los más altos niveles de violencia y pobreza.
Se ha dicho que a San José se le quiere ofrecer una solución para el déficit de vivienda, pero esa parece no ser la prioridad. Por ejemplo, y aún sin hablar con nombres propios, los constructores pueden proceder con mayores beneficios, puesto que al desconocerse el POT se autoriza ignorar los mecanismos de gestión del suelo contemplados en él, los cuales establecen controles y obligaciones para quienes efectúan las obras.
¿Acaso esta ausencia de cargas y controles para los constructores no ocasionan altos precios para los nuevos inmuebles, haciéndolos de difícil acceso para quienes habitaban en San José? Debió haberse comenzado también por analizar que más de la mitad de los habitantes de esta zona no son los propietarios de los inmuebles y no recibieron ni un solo peso por las compras forzadas ¿Cómo van a acceder éstos a la vivienda digna?
Si la prioridad fuera el reasentamiento para los hogares en zona de alto riesgo, ¿por qué los documentos técnicos enfatizan tanto en el desarrollo del suelo para comercio y servicios? ¿Cuánto es entonces el suelo para reasentamiento? Si se quisiera el reasentamiento se pensaría al menos en cómo acomodar las tantas familias numerosas en apartamentos de reducidas dimensiones.
Habiendo tantos barrios deprimidos en Manizales (la alcaldía afirma que el 60% de la ciudad vive bajo la línea de pobreza) ¿por qué se interviene preciso en San José? Se conoce que gran parte es zona de alto riesgo, pero ¿no será porque la otra parte de San José, que es la mayoría y no es zona de alto riesgo, es el territorio más plano y mejor ubicado del centro de Manizales? Son dudas que no pueden pasarse por alto.
Si la prioridad era lo social, no se hubiera decidido arrasar con la comuna para construir otra; hubiera sido coherente, mediante los medios autónomos y locales, emprender una renovación de ese espacio en crisis, pero con presencia y en compañía de los que allí habitaban, favoreciendo no sólo la reconstrucción del territorio sino la identidad de los habitantes con éste, creando así nuevos espacios como autóctonas posibilidades de cambio en su modo de habitar.
Ya se optó por borrar ese espacio en aras de uno nuevo, pero está claro que la sola renovación no resolverá problemas como la violencia, el desempleo o la falta de educación; ni siquiera de vivienda si se permite que los constructores hagan lo que quieran y terminen generando vivienda de interés social pero al tope de los precios. Deben entonces fortalecerse la organizaciones ciudadanas, las universidades y los medios, para pretender soluciones para las personas más que para el espacio.
Es evidente que en Manizales existe un poderoso grupo social que comparte los mismos intereses del gobierno nacional. Quizás por eso se permitió que el municipio renunciara a su autonomía; quizás por eso, en vez de atacar la pobreza, decidió segregarla.
De esta forma, mediante decretos y resoluciones de la Nación, puede pasar modificarse el modo en el que el municipio ha decidido habitar su territorio. Es esto lo que se ha llamado “Macroproyecto de Interés Nacional”, y es bajo esta denominación que se emprendió, en desconocimiento de la norma local, la renovación de la comuna San José en Manizales.
El “macroproyecto” de Manizales es más traumático que otros que se han comenzado en el país. En primer lugar, ha sido la autoridad municipal la que sin incomodidad alguna ha promovido la intromisión del gobierno en la modificación del territorio; ha sido la propia administración de la ciudad la que justificó una actuación reprochable, pues además de romper con la autonomía del municipio, su sustento jurídico (el artículo 79 del PND) se encuentra hoy demandado por inconstitucional.
La renovación de San José, en la medida en que es un “macroproyecto”, es un negocio mucho más favorable para las personas que gobiernan la ciudad, pues la renovación, al efectuarse sin las cargas del POT y bajo el manto del poder nacional, puede desarrollarse de manera más expedita y más protegida de la opinión pública.
La segunda de las razones que hace que esta renovación sea más traumática, es que la intervención territorial se va a dar sobre un espacio altamente habitado por una población en crisis, sin acceso a derechos y con los más altos niveles de violencia y pobreza.
Se ha dicho que a San José se le quiere ofrecer una solución para el déficit de vivienda, pero esa parece no ser la prioridad. Por ejemplo, y aún sin hablar con nombres propios, los constructores pueden proceder con mayores beneficios, puesto que al desconocerse el POT se autoriza ignorar los mecanismos de gestión del suelo contemplados en él, los cuales establecen controles y obligaciones para quienes efectúan las obras.
¿Acaso esta ausencia de cargas y controles para los constructores no ocasionan altos precios para los nuevos inmuebles, haciéndolos de difícil acceso para quienes habitaban en San José? Debió haberse comenzado también por analizar que más de la mitad de los habitantes de esta zona no son los propietarios de los inmuebles y no recibieron ni un solo peso por las compras forzadas ¿Cómo van a acceder éstos a la vivienda digna?
Si la prioridad fuera el reasentamiento para los hogares en zona de alto riesgo, ¿por qué los documentos técnicos enfatizan tanto en el desarrollo del suelo para comercio y servicios? ¿Cuánto es entonces el suelo para reasentamiento? Si se quisiera el reasentamiento se pensaría al menos en cómo acomodar las tantas familias numerosas en apartamentos de reducidas dimensiones.
Habiendo tantos barrios deprimidos en Manizales (la alcaldía afirma que el 60% de la ciudad vive bajo la línea de pobreza) ¿por qué se interviene preciso en San José? Se conoce que gran parte es zona de alto riesgo, pero ¿no será porque la otra parte de San José, que es la mayoría y no es zona de alto riesgo, es el territorio más plano y mejor ubicado del centro de Manizales? Son dudas que no pueden pasarse por alto.
Si la prioridad era lo social, no se hubiera decidido arrasar con la comuna para construir otra; hubiera sido coherente, mediante los medios autónomos y locales, emprender una renovación de ese espacio en crisis, pero con presencia y en compañía de los que allí habitaban, favoreciendo no sólo la reconstrucción del territorio sino la identidad de los habitantes con éste, creando así nuevos espacios como autóctonas posibilidades de cambio en su modo de habitar.
Ya se optó por borrar ese espacio en aras de uno nuevo, pero está claro que la sola renovación no resolverá problemas como la violencia, el desempleo o la falta de educación; ni siquiera de vivienda si se permite que los constructores hagan lo que quieran y terminen generando vivienda de interés social pero al tope de los precios. Deben entonces fortalecerse la organizaciones ciudadanas, las universidades y los medios, para pretender soluciones para las personas más que para el espacio.
Es evidente que en Manizales existe un poderoso grupo social que comparte los mismos intereses del gobierno nacional. Quizás por eso se permitió que el municipio renunciara a su autonomía; quizás por eso, en vez de atacar la pobreza, decidió segregarla.
